Sinaloa: ¿Dónde están los jóvenes que simplemente salieron de casa y nunca regresaron?

Hay historias que uno lee en las noticias y puede pasar la página.

Y hay otras que se quedan contigo.

Las historias de jóvenes desaparecidos en Sinaloa son de esas que me cuesta leer sin sentir una mezcla de tristeza, impotencia y coraje. Porque detrás de cada ficha de búsqueda hay una familia que estaba haciendo su vida normal hasta que, de repente, todo cambió.

Un hijo que salió a trabajar.

Un estudiante que salió de la escuela.

Un joven que fue a visitar a un amigo.

Alguien que simplemente salió a hacer un mandado.

Y después… nada.

El teléfono deja de contestar. Las horas pasan. La familia empieza a llamar a hospitales, amigos, conocidos y autoridades. Se publica una fotografía en redes sociales. Se comparte una ficha de búsqueda.

Y una familia entra en una pesadilla que nadie debería vivir.

El patrón que preocupa

Lo que está ocurriendo en Sinaloa no parece ser una serie de casos aislados.

Los datos muestran un patrón particularmente preocupante: los hombres jóvenes aparecen de manera desproporcionada entre las personas desaparecidas.

Un análisis basado en registros de la Fiscalía de Sinaloa encontró que, durante el periodo estudiado, alrededor del 84% de las personas desaparecidas eran hombres. El 44% tenía entre 18 y 29 años y otro 28% entre 30 y 39 años. Es decir, casi tres de cada cuatro tenían menos de 40 años. Culiacán concentraba la mayor proporción de los casos.

Y los registros oficiales muestran lo grave que se volvió el problema durante 2024. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda recopiladas por Ríodoce, Sinaloa registró 1,358 reportes de desaparición en 2024, frente a 816 en 2023. En Culiacán fueron reportados 505 hombres desaparecidos ese año; en Mazatlán, 334.

Pero hay algo todavía más preocupante.

Los colectivos de búsqueda dicen que las cifras oficiales posiblemente no cuentan toda la historia.

En Guasave, por ejemplo, el colectivo Rastreadoras de Guasave informó que durante los primeros cinco meses de 2026 alrededor de 60 familias se acercaron al grupo por casos de desaparición. El colectivo también señaló que ha observado un aumento de jóvenes que no regresan a sus hogares desde que comenzó la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

¿Se los está llevando el crimen organizado?

Esta es probablemente una de las preguntas más difíciles.

¿Están siendo reclutados?

¿Son víctimas de desaparición forzada?

¿Los están obligando a trabajar para los grupos criminales?

¿O algunos casos tienen otras explicaciones?

La respuesta más honesta es: hay evidencia que apunta al reclutamiento criminal, pero no existe una explicación única para todas las desapariciones.

Y eso es importante.

No sería responsable decir que cada joven desaparecido fue reclutado por un cártel. Cada caso necesita investigación individual.

Pero tampoco sería responsable ignorar las señales.

En Sinaloa, especialistas y colectivos han advertido sobre casos de jóvenes que aparentemente fueron reclutados por grupos criminales. En algunos casos, incluso existen relatos de personas que fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente localizadas dentro de estructuras delictivas.

En julio de 2026, el especialista Javier Llausás Magaña afirmó que aproximadamente la mitad de las desapariciones en la región podrían estar relacionadas con jóvenes obligados a participar en conflictos criminales que no les pertenecen. Esa afirmación es una estimación de un especialista, no una cifra oficial del Gobierno, pero refleja una preocupación que también han expresado colectivos y familiares.

Y existen casos concretos que hacen imposible ignorar la hipótesis del reclutamiento.

En enero de 2026, tres jóvenes originarios de Jalisco escaparon de un supuesto centro de entrenamiento localizado en Sinaloa. De acuerdo con investigaciones citadas por Ríodoce, uno había sido contactado mediante TikTok y otros dos por conocidos; posteriormente fueron trasladados hasta Sinaloa.

Eso cambia la conversación.

Porque ya no estamos hablando solamente de una teoría.

Estamos hablando de jóvenes que, según investigaciones reportadas, efectivamente terminaron dentro de estructuras de entrenamiento criminal.

¿Por qué jóvenes?

Aquí aparece una realidad todavía más dolorosa.

Los grupos criminales necesitan personas.

Necesitan vigilantes, transportistas, vendedores, sicarios, operadores, informantes y personas capaces de controlar territorios.

Y una guerra entre organizaciones criminales necesita reemplazar constantemente a quienes mueren, son detenidos o abandonan las estructuras.

En ese contexto, los jóvenes se convierten en un objetivo particularmente vulnerable.

Son jóvenes.

Son físicamente útiles para las organizaciones.

Algunos enfrentan pobreza, falta de oportunidades o entornos donde el crimen organizado forma parte de la realidad cotidiana.

Otros pueden ser engañados con falsas ofertas de trabajo.

Y algunos pueden ser directamente obligados.

El problema es que una vez que alguien entra en esa maquinaria, salir puede ser prácticamente imposible.

La guerra interna del Cártel de Sinaloa

La crisis actual tampoco puede entenderse sin hablar del conflicto interno que comenzó a intensificarse en 2024 entre facciones del Cártel de Sinaloa.

La disputa entre Los Chapitos y La Mayiza transformó partes del estado en escenarios de enfrentamiento, desplazamiento, homicidios y desapariciones.

Y cuando dos grupos criminales pelean por territorio, necesitan personas.

Eso ayuda a explicar por qué la hipótesis del reclutamiento forzado ha cobrado tanta fuerza entre familias y especialistas.

Una investigación de El País publicada en marzo de 2026 documentó testimonios y casos relacionados con la desaparición de jóvenes en Mazatlán y señaló que el control territorial puede generar una demanda constante de nuevos integrantes. También documentó el caso de un centro de rehabilitación de donde fueron sacados jóvenes durante la escalada de violencia.

Pero hay una distinción fundamental:

desaparición y reclutamiento no son necesariamente sinónimos.

Algunas personas pueden haber sido asesinadas.

Otras pueden estar retenidas.

Otras pueden haber sido reclutadas.

Otras pueden haber desaparecido por razones completamente diferentes.

Y algunas podrían estar vivas en algún lugar sin que sus familias sepan dónde.

Por eso la investigación es tan importante.

¿Y qué está haciendo el Gobierno?

Esta es otra pregunta que no podemos evitar.

Porque decir simplemente que "el Gobierno no hace nada" tampoco sería completamente exacto.

Sí existen acciones.

El Gobierno federal reformó en 2025 la legislación en materia de desaparición y búsqueda. Entre las medidas se encuentran una Plataforma Única de Identidad, una Alerta Nacional de Búsqueda, una Base Nacional de Carpetas de Investigación y la obligación de que los ministerios públicos inicien inmediatamente una carpeta de investigación ante cualquier reporte, denuncia o noticia sobre una desaparición.

En mayo de 2026, el Gobierno informó además que el centro de mando de la Alerta Nacional opera las 24 horas y coordina a la Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, Defensa, Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia para responder ante reportes de desaparición.

En Sinaloa también se han creado infraestructura y programas específicos.

El estado cuenta con tres Centros de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Además, se han realizado recuperaciones de restos humanos en fosas comunes para intentar identificar a personas que permanecen sin nombre.

Y las autoridades federales han realizado operativos directamente relacionados con desapariciones. En mayo de 2026, por ejemplo, fuerzas federales informaron sobre la detención de 22 personas en una investigación relacionada con la desaparición de cuatro integrantes de una familia en Mazatlán; nueve de los detenidos fueron señalados por las autoridades como participantes directos en los hechos.

Es decir, sí hay acciones.

El problema es que la existencia de acciones no significa que el problema esté resuelto.

Buscar después de que alguien desaparece no es suficiente

Aquí es donde creo que está una de las grandes preguntas que México debe hacerse.

¿Qué estamos haciendo para encontrar a las personas?

Pero también:

¿Qué estamos haciendo para evitar que desaparezcan?

Porque construir centros de identificación es necesario.

Crear protocolos es necesario.

Enviar soldados y policías es necesario.

Investigar las desapariciones es indispensable.

Pero si los jóvenes continúan siendo captados, engañados o secuestrados por organizaciones criminales, entonces estamos llegando demasiado tarde.

La prevención tiene que comenzar mucho antes.

Hay que atacar las redes de reclutamiento.

Investigar las falsas ofertas de empleo.

Perseguir a quienes utilizan redes sociales para captar jóvenes.

Proteger a las familias que denuncian.

Fortalecer las fiscalías.

Y, sobre todo, crear alternativas reales para los jóvenes.

Porque no podemos pedirle a un muchacho que rechace al crimen organizado si el Estado no le ofrece seguridad, educación, empleo y una oportunidad real de construir una vida.

Las madres que siguen buscando

Pero hay algo que me parece todavía más impresionante.

Las familias.

Las madres.

Los padres.

Los hermanos.

Los amigos.

Personas que, después de meses o incluso años, siguen buscando.

En muchos lugares de México han surgido colectivos de familias buscadoras que salen con palas, varillas, fotografías y fichas de búsqueda.

No deberían tener que hacerlo solos.

No deberían tener que convertirse en investigadores.

No deberían tener que aprender a localizar fosas.

No deberían tener que caminar terrenos peligrosos buscando los restos de sus hijos.

Pero lo hacen porque no están dispuestos a olvidarlos.

Y eso me parece una de las partes más dolorosas de esta crisis.

Un país no puede acostumbrarse a las fichas de búsqueda

Quizá lo que más me duele de leer estas historias es pensar que estamos empezando a acostumbrarnos.

Otra fotografía.

Otro nombre.

Otra publicación.

Otra familia pidiendo ayuda.

Otra madre diciendo que su hijo salió y nunca regresó.

Y después aparece otra ficha.

Y otra.

Y otra.

No deberíamos normalizar esto.

Un joven que sale de su casa para ir a trabajar debería estar pensando en su futuro, no en si alguien lo va a levantar.

Una estudiante debería estar pensando en sus clases.

Un muchacho que sale a comprar algo debería poder regresar a casa.

Eso debería ser lo normal.

No una excepción.

¿Dónde están?

Al final, detrás de todas las estadísticas hay una pregunta que no desaparece:

¿Dónde están?

¿Dónde están esos hijos?

¿Dónde están esos hermanos?

¿Dónde están esos amigos?

¿Dónde están esos jóvenes que simplemente salieron de casa?

Quizás algunos fueron víctimas del crimen organizado.

Quizás algunos fueron reclutados.

Quizás otros fueron asesinados.

Quizás otros todavía están vivos y alguien sabe dónde están.

Cada caso tiene una historia diferente.

Pero todos tienen algo en común:

alguien los está esperando.

Y mientras una madre siga colocando la fotografía de su hijo en redes sociales, mientras un padre siga recorriendo hospitales y fiscalías, mientras una familia siga preguntando dónde está su ser querido, México no puede darse el lujo de mirar hacia otro lado.

Sinaloa no necesita solamente más estadísticas.

Necesita respuestas.

Necesita justicia.

Necesita prevención.

Y, sobre todo, necesita encontrar a sus desaparecidos.

Porque detrás de cada número hay un nombre.

Y detrás de cada nombre hay una familia que todavía tiene la esperanza de volver a abrazarlo.